Lucrarse con la educación y sanidad públicas
Según recoge la prensa española, a inicios de mayo, el presidente de la patronal, Sr. Rosell afirmó, en un encuentro con empresarios de hostelería, que: “El sector público es la primera empresa del país y debe cambiar con mucha mejor gestión. Tenemos las dos grandes partidas de gasto, que son la Sanidad y la Educación, que seguro que si estuviesen gestionadas por empresarios, con criterios empresariales, yo creo que podríamos sacar mucho más rendimiento y podríamos hacer cosas de mucha mejor manera”.
En las siguientes líneas intentaremos mostrar las contradicciones y matices antidemocráticos de tales afirmaciones.
En primer lugar. Definición de criterio empresarial y criterio público. Fines propios de ambos:
Los criterios empresariales son los criterios propios de la empresa, y empresa es, según el diccionario de la RAE, la “unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos”. Los criterios empresariales responden, así, a fines lucrativos, mientras que los fines de los poderes públicos, tal y como recoge el espíritu de la Constitución Española, responden al interés general. Sus fines son adecuados al servicio público, el cual siempre es, o debería ser, solidario y altruista.
La Constitución Española establece en sus artículos 27.5 y 43.2 que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación; también que es a estos poderes a quien compete “organizar y tutelar la salud pública”. Pero ¿qué es un poder público? Nuevamente el diccionario de la RAE nos aclara que “se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a privado”. Si, según la definición de estos términos, el poder público está contrapuesto al privado, entonces la gestión privada de la Educación y Sanidad públicas, que propone el Sr. Rosell, es una contradicción en los términos. También es una propuesta antidemocrática, porque la democracia constitucional, mucho más rica y compleja que el simple concepto formal de democracia, garantiza unos derechos fundamentales que deben preservarse en su fondo y en su forma, en su contenido y en su gestión. La Educación y Sanidad pública no son sólo derechos fundamentales por su contenido sino por la forma en que la Constitución Española los organiza mediante los poderes públicos (y no privados), de forma que nadie pueda lucrarse privadamente de aquello que no es objeto de negocio sino un acto de servicio al bien común.
En segundo lugar. La gestión pública, en España, no excluye la privada. La Constitución Española garantiza en su artículo 27.6 el derecho de las personas físicas de crear centros docentes, así como reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38). Cualquier particular o empresa privada puede abrir clínicas, mutuas, o centros de medicina. Sin embargo, la gestión privada propuesta por el Sr. Rosell sí excluiría, de realizarse, la gestión pública, pues dejaría la gestión de la Educación y Sanidad en manos privadas, restringiendo o anulando el ámbito que les es propio según la Constitución. Esto es un tipo de monopolio privado respecto de lo público. Podemos ver lo poco o nada que queda de la democracia cuando en algunos países el poder público o el privado se erigen unilateralmente como los únicos posibles, fagocitando, uno, el ámbito que le es propio al otro.
En tercer lugar. Permítasenos que dudemos del supuesto mejor rendimiento de la Sanidad y Educación públicas si son privatizadas (*) o dirigidas con criterios empresariales (es decir, de lucro). Ya hemos visto cuáles son los métodos neoliberales de la reforma laboral: disminución de salarios y de plantillas, abaratamiento del despido, aumento de la jornada laboral, contratación laboral precaria, pérdida de pagas extra, en fin, modificación a la baja de las condiciones laborales. Si se adoptasen medidas de este tipo en la Sanidad y Educación, unidas al ahorro consistente en la disminución y precarización de los servicios, se conseguiría, efectivamente, un lucro, pero no de los profesionales sanitarios o profesores, tampoco de los pacientes o alumnos, sino de unas pocas personas (privadas) que verían prosperar sus negocios a costa de unos derechos que deberían beneficiar a todos. El mundo empresarial tampoco es que sea un referente de buena praxis y gestión (al menos, no más que el sector público), tal y como nos vienen mostrando los continuos escándalos de corrupción a nivel nacional y mundial.
En cuarto lugar. La razón oculta que se esconde detrás de las declaraciones del Sr. Rosell no tiene que ver con la eficiencia organizativa. La Constitución ya establece en su artículo 31 una programación y ejecución del gasto público que debe responder a los criterios de “eficiencia y economía”, sin necesidad de que ningún poder particular se erija como reserva espiritual y patrimonio exclusivo de la eficiencia organizativa en España. La razón, pues, hay que buscarla en el apetitoso bocado-mercado que para el sector privado supondría abrir el mercado de la Sanidad y Educación públicas, con la consiguiente posibilidad de que unos pocos se lucrasen, privadamente, del ámbito público que abarca a todos los españoles. Así, la supuesta eficiencia en la gestión privada de estos entes públicos responde más bien a un afán de lucro insolidario y antidemocrático. Debemos plantearnos cuál es el tipo de mundo en el que queremos vivir y qué modelo de democracia queremos para nuestra sociedad.
José Beuter
© 6-2015
– Imágen: montaje sobre la pintura de Betty Swanwick, A.R.A. en Genesis, Seelling England By The Pound
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– (*) Respecto de la privatización de lo social leer el «Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014» (clic en este enlace).