Peligro: el poder ya no emana del pueblo (El contrato de Dorian Greycia)

Dibujo Nueva democracia      Grecia tiene una deuda soberana, como muchos otros estados, pero las condiciones para poder pagar la deuda no deberían ser para un país el equivalente a vender el alma al diablo. Cuando alguien (ente privado o público) solicita un crédito es, generalmente, para mejorar su situación, no para arruinar su futuro. En el caso de Grecia el contrato de devolución se parece más al pacto que Dorian Grey hizo con el diablo que a un contrato justo hecho entre personas de buena voluntad. De ahí el juego de palabras que constituye el subtítulo de este artículo.

Se han hecho muchos análisis económicos de la situación griega, y este artículo no será otra más. Sí, en cambio, pretendemos analizar el trasfondo moral del asunto.

Podemos preguntarnos si el préstamo a Grecia se ha hecho como negocio financiero o como ayuda. Si se ha hecho como ayuda ¿por qué esta negativa de la troika a reestructurar la deuda griega?, ¿por qué inmiscuirse en la política griega dictando normas sobre privatizaciones, pensiones, edad de jubilación, recorte de ayudas y subvenciones, IVA, ejército, administración pública, sistema judicial, marco laboral (despidos, huelgas, negociación colectiva), y un largo etcétera? ¿Se presta verdaderamente para ayudar, o se hace para intervenir y fijar un modelo social neo liberal «a medida» (un mercado al gusto), o para derrocar al gobierno de izquierdas? (*) Cuando alguien presta dinero para ayudar no pone condiciones humillantes y que empobrezcan al deudor, ni se inmiscuye en la vida privada de la persona a quien se presta. Cuando no es así es porque el préstamo es una usura que instrumentaliza al deudor.

Que las intenciones de la «troika» (compuesta por el Fondo Monetario Internacional, El Banco Central y la Comisión Europea) responden a los intereses del capitalismo neoliberal y no a la solidaridad o a una voluntad práctica y apolítica del retorno de la deuda, puede apreciarse tras un simple vistazo al documento (en inglés) donde se exponen las condiciones que la misma troika publicó tras el anuncio del referéndum. Éstas constituyen una exigencia inmoral, antidemocrática e inadmisible:

a) Exigencia inmoral, porque ningún estado, ni ninguna persona, podría querer racionalmente para sí que entes financieros ajenos, arrogándose el papel de gobernantes no electoss, le dictasen normas económicas y políticas. Estas condiciones no son meras sugerencias sino imposiciones que pretenden cambiar la legislación y torcer la voluntad política de un pueblo, expresada recientemente en las urnas [esto vulnera el imperativo categórico kantiano en su primera enunciación (1)]. La troika instrumentaliza al pueblo griego pues se aprovecha de su necesidad económica para imponer un modelo social que no responde a los intereses del pueblo (como reflejaron las urnas) y cuyo diseño debería estar limitado a sus legítimos representantes [lo que vulnera el imperativo categórico kantiano en su segunda enunciación (2)]. El interés de la troika en la imposición torticera de unas medidas y normas externas, que se sobreponen como guante de hierro a la soberanía griega, vulnera también el principio categórico kantiano en su tercera enunciación (3), que habla de la voluntad humana como de una legisladora universal a través de todas sus máximas (a la que ella misma está sometida), pues debido a la idea de legislación universal, la máxima no puede fundamentarse sobre interés alguno.

Exigencia inmoral, también, porque ni el FMI (Khan, Lagarde y Ghali), ni el Banco Central Europeo, ni la propia Comisión Europea y su presidente Jean-Claude Juncker son modelos éticos a seguir, sino todo lo contrario. Basta echar un vistazo a sus escándalos recientes (ver enlaces finales) para apreciar la corrupción que se da en los niveles más altos de su jerarquía. Escándalos que narran desvíos de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, prostitución, corrupción, imputaciones legales, pactos secretos con empresas para evadir impuestos («tax ruling«) y condenas de cárcel, entre otros escándalos. De organismos sin credibilidad moral no pueden esperarse condiciones que se basen en el bien común (como las impuestas al pueblo griego), sino en el ánimo de lucro, especulación y en la pura usura

b) Exigencia antidemocrática, porque el pueblo griego es soberano y ninguna unión monetaria debería imponerle normas que socaven su autoridad y modelo de sociedad (escogida democráticamente en las urnas). Máxime si esas imposiciones provienen de instituciones económicas, cuyos dirigentes no han sido elegidos directa y democráticamente por el pueblo griego (como el FMI o el BCE).
Cabe hacer mención especial de la condición impuesta por la troika respecto a las privatizaciones y, en concreto, a que Grecia se comprometa a no a no revertir ninguna privatización que ya se haya iniciado o materializado. Pero ¿a quién beneficia la privatización de los puertos y aropuertos, o de la electricidad? Evidentemente al capital privado, que puede hacer negocio con estas cosas en detrimento del pueblo. La gestión privada o de empresa tiene como finalidad el lucro (véase el artículo de esta blog «Lucrarse con la educación y sanidad públicas«), a diferencia de la gestión pública, de la que cabe esperar, si se cumple adecuadamente, una orientación por el bien común. La Constitución Española y la de otros muchos países asigna a los poderes públicos la misión de gestionar los recursos de interés general, tal como la sanidad, educación, pensiones y otros. Cada país fija qué estamentos son gestionados por el estado y de qué forma. Por esto, cuando la troika pone condiciones y normas al gobierno griego respecto de la privatización (o no reversión de la privatización) de objetivos sociales y bienes generales, adopta un papel que va en contra de los pricipios democráticos más elementales, que separan el ámbito e intereses privados del bien común y público.

c) Exigencia inaceptable, porque unas normas impuestas que son inmorales y socavan el concepto de democracia constitucional no pueden ser aceptables desde un punto de vista social y racional. Intolerable, porque son los pueblos los que deberían gobernarse a sí mismos y no por dictado de las entidades económicas, como el FMI y el BCE.

Cargos que deberían ser neutros (a nivel de la política mundial), como el director del FMI o el BCE se transforman por arte de magia (de la magia del dinero) en legisladores supremos, que sin haber sido elegidos directa y democráticamente por los ciudadanos dictan (cual «dictadores») la política europea e internacional. Directores que, sin sentido de la jerarquía política ni talante democrático, no sólo coaccionan e instrumentalizan a los países más débiles, económicamente hablando, sino que protestan airadamente cuando, por ejemplo, el pueblo griego decide hacer algo tan básicamente democrático como es someter a referéndum las condiciones impuestas por la troika. Mención especial tiene el comentario del Sr. Juncker (presidente de la Comisión Europea, cuando dijo, tras el anuncio del referéndum que: – «[Tsipras] me ha decepcionado a nivel político y como ser humano». Esto es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ya que el Sr. Juncker ha protagonizado un escándalo inmoral como fue la política sobre impuestos que durante 15 años se dictó en Luxemburgo cuando él era Ministro de Finanzas y Primer Ministro «que habría privado de miles de millones de dólares (tres billones de dólares, según los cálculos) de impuestos a los estados europeos donde esas empresas obtienen sus beneficios» (LuxLeaks: El último escándalo en la Unión Europea, Luis Rivas – Periodista, Ex corresponsal de TVE en Moscú y Budapest).

Finalmente, nos creemos que cuando votamos lo hacemos democráticamente, que tenemos el poder que nos dan las urnas, pero no es así: nuestras democracias son, en muchas ocasiones, un espejismo, pues el poder económico es el que verdaderamente gobierna en, prácticamente, todo el mundo. Hace mucho tiempo que esto funciona así, de una manera más o menos encubierta o edulcorada (al menos para las poblaciones de los países ricos), por lo que muchas personas aún no son conscientes del menoscabo de sus derechos a cargo de los poderes económicos. Casos como el de Grecia permiten que aflore a la opinión pública el verdadero estado de cosas. El dinero no debería corroer a las naciones, arrodillar a los ciudadanos y comprar a sus dirigentes. Hoy la democracia se enfrenta a una nueva casta de dictadores que imponen sus normas supranacionalmente, y no por la fuerza del voto o de la finalidad social, sino por la pura fuerza del dinero y del interés egoísta y asocial. Si la democracia no acaba con esta anomalía este virus acabará con la democracia, primero, y después con la libertad de los ciudadanos, cuando un nuevo orden mundial, basado en una minúscula oligarquía (**) económica, se adueñe del mundo y convierta a todas las personas en nuevos y sumisos esclavos.

José Beuter

[artículo]
©7-2015

 

– (*) Según Martin Wolf (Director asociado y jefe de opinión de economía en el Financial Times) el dinero no se utilizó para ayudar a Grecia sino para ayudar al sector privado europeo a abandonar Grecia.

– (**) El patrimonio de 85 personas es equivalente al de 3.750 millones de personas, la mitad de la población mundial). Ver pág. 37 del enlace: VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/capitulos/pdf/16102014163616_1448.pdf

El imperativo categórico (imperativo moral kantiano) es único, pero Kant lo enuncia de tres formas:

(1) «Obra sólo según la máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal«. Immanuel Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, <Ak. IV, 421>, [A 52]. Ed .Alianza Editorial, edición de Roberto R. Aramayo. Este imperativo moral va mucho más allá de la regla de oro (no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a tí) pues ésta no contiene el fundamento de los deberes hacia uno mismo, ni el de los deberes caritativos para con los demás.

(2) «Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio». Immanuel Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, <Ak. IV, 429>, [A 67]. Ed. Alianza Editorial, edición de Roberto R. Aramayo. Este imperativo podría resumirse así: – No instrumentalices a nadie.

(3) «[…] todo ser racional ha de obrar como si merced a sus máximas fuera siempre un miembro legislador en el reino universal de los fines». Immanuel Kant, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, <Ak. IV, 438>, [A 84]. Ed. Alianza Editorial, edición de Roberto R. Aramayo. A causa de la idea de legislación universal este imperativo no se fundamenta sobre interés alguno, es incondicionado.

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España, líder de Europa en desempleo juvenil, 49,6 % [1ª-R]

Imagen Paro juvenil      Según datos publicados a principios de junio por Eurostat, la oficina estadística europea, España es el líder europeo en desempleo juvenil, con 775.000 españoles menores de 25 años sin trabajo. Esta tasa es del 49,6 % y corresponde al mes de abril de 2015. Este liderato se ha mantenido en lo que va de año con las siguientes tasas: 50,6 % en enero; 50,2 % en febrero; 50,0 % en marzo. Sólo los jóvenes griegos tuvieron una tasa parecida en febrero de 2105 (50,1 %). Los datos más bajos se dieron en Alemania (7,2%), Austria y Dinamarca (ambas con un 10,1%). Eurostat ha desarrollado una aplicación interactiva que permite a los jóvenes comparar su situación con la de otros jóvenes europeos de su misma edad, respecto de varios temas, como el trabajo, estudios, familia tiempo libre y uso de internet.

A estos datos podemos añadir los que publicó recientemente el INE (ver artículo en este blog: “La indiferencia ante diez millones de pobres”) y que situaban al 22,2 % de la población y al 30,1 % de la población infantil española bajo el umbral de la pobreza (respectivamente 10.315.008 personas y 2.237.706 niños pobres).

Estos datos escalofriantes (compárese España con Alemania) debieran hacernos reflexionar y actuar. Sin recursos, los jóvenes no pueden iniciar su propio proyecto autónomo de vida, en la etapa fundamental para ello, debiendo permanecer económico-dependientes en casa de sus progenitores, hasta edades avanzadas, o practicar la patada en la puerta y vivir como okupas. Pocas más opciones quedan si no se van del país.

Esta es una juventud huérfana, perdida y quemada. Huérfana porque ha sido abandonada a su suerte por la sociedad que debía tutelar y proteger sus derechos fundamentales, en lo relativo al trabajo, la vivienda y al derecho a una vida digna. Perdida y quemada porque los años perdidos son irrecuperables y les han conducido a una carretera gris y muerta que no conduce a ninguna parte.

Respecto de este “abandono” nuestra acción social y política ha sido no sólo un fracaso, sino, también, irresponsable. Una y otra vez, año tras año, hemos ido constatando la ineptitud y corrupción de la clase política y de los poderes económicos (antaño llamados públicos) y les hemos vuelto a votar. Año tras año, nos hemos hecho cómplices de ellos desde el silencio, la delegación de poder, las excusas de “no podemos hacer nada”, el miedo, la pasividad o las reivindicaciones insuficientes. Le hemos echado la culpa a la crisis, a la burbuja inmobiliaria, a la corrupción política o al malo de turno, pero la verdad es que, como colectividad, tenemos una responsabilidad directa en este estado de cosas. Porque es evidente que si nuestra sociedad en masa se hubiese plantado diciendo: ¡hasta aquí basta!, esto no estaría pasando, al menos, no en el grado actual. Cada sociedad tiene a la clase dirigente que se merece. El poder emana del pueblo, por lo que es su responsabilidad exigir a sus gobernantes eficiencia, honestidad y voluntad política en la tutela y respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Una vida digna es aquella donde pueden ejercerse los derechos fundamentales. Pero, según las estadísticas, uno de cada dos jóvenes españoles, es decir, de nuestros hijos, no tiene una vida digna, lo cual vulnera la constitución, sin que a los políticos parezca importarles un ápice.

Constitución Española, artículo 10:

1La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social«.

Culpar a otros sin asumir nuestra responsabilidad social, no cambiará las cosas. Ha habido protestas, sí, y movilizaciones, sí, pero se han demostrado insuficientes. No basta con decir “NO” a la injusticia y a la corrupción, hay que decirlo una y otra vez hasta que nos duela la boca; hay que dejar de aupar al poder a ineptos y corruptos, pero también a aquellos que, ignorando cuáles son los deberes de un gobernante y los derechos del pueblo, sirven antes a los poderes e intereses económicos privados que al ciudadano. Y si alguien cree que servir a los poderes económicos, es decir, al capitalismo liberal, beneficia también al ciudadano, se equivoca: pues sólo beneficia los intereses de unos pocos, al resto los instrumentaliza, cuando no, los esclaviza.

Actualmente el capitalismo está generando, tanto en nuestro país como en casi todo el mundo, una fractura social: cada vez hay más pobres, al mismo tiempo que cada vez los ricos son más ricos (*), es decir, cada vez la riqueza está en manos de menos personas. Antes, sucedía lo mismo pero no era tan evidente desde cualquier ángulo, porque la fractura se daba entre países ricos y países pobres. Mientras los países avanzados disfrutaban de una insolidaria sociedad del bienestar, una gran mayoría de países, pertenecientes al «tercer mundo», se moría de hambre por el expolio y condiciones económicas a los que eran (y son, aún) sometidos por nuestros países «civilizados».  Ahora ya hay un «tercer mundo» dentro de muchos países del primer mundo. Pero el capitalismo no es un ente ajeno a nosotros, no es un alien contra la humanidad; somos tú, yo, ese y aquel; ya sea en calidad de autores, colaboradores o pacientes; ya sea como sujetos activos o pasivos. Por tanto, al ser un producto humano, en el que de una forma u otra participamos y colaboramos, podemos desactivarlo  y crear unas estructuras sociales más justas y solidarias. Ningún gobernante ni ningún sistema económico o social pueden dilatarse en el tiempo o pervivir en una sociedad si ésta, de alguna forma, no lo admite, tolera o alimenta..

Paralelamente hemos de observar si en nuestro nivel personal también mantenemos injusticias, corrupciones y abusos de poder. El problema social no es únicamente el mal funcionamiento de una generación política concreta. Si fuese así bastaría con un cambio general de dirigentes para mejorar las cosas, pero cambios ha habido muchos y las cosas siguen igual. El problema es nuestra poca evolución moral colectiva y una deficiente organización social. Respecto de lo primero, los cambios políticos se nutren de personas corrientes, como cualquiera de nosotros, con defectos y virtudes. Si a nivel particular no nos esforzamos por seguir un comportamiento moral de valores; si, por ejemplo, abusamos de nuestro poder en el ámbito familiar o laboral; si buscamos nuestro beneficio particular en vez del colectivo; lo más normal es que esto siga pasando cuando ocupemos cargos de responsabilidad política o social. ¿Por qué habría de cambiar? El problema añadido es que el mal y la corrupción que generemos desde los mecanismos de poder afectarán a muchas más personas que no desde el ámbito privado. Respecto de nuestra deficiente organización social, hemos consagrado como valores supremos la individualidad y la libertad negativa, anteponiéndolas al bienestar social y a la libertad positiva. Libertad negativa sería aquella por la que un sujeto estaría libre de coerción (de personas y de leyes). El liberalismo reivindica la libertad en sentido negativo, pues desea que el estado se inmiscuya lo menos posible en la organización social y considera como un robo los impuestos que supongan una cierta redistribución de la riqueza. La libertad positiva de una persona se da, en cambio, si ésta tiene capacidad y oportunidad de actuar. Los  trabajadores en los países con alto paro laboral, tienen libertad negativa (nadie les impide trabajar) pero carecen de la libertad positiva, pues no hay trabajo. En esta perspectiva, el estado no sólo debe respetar la libertad del ciudadano, sino ayudarlo mediante la provisión económica y la creación de oportunidades (tal y como estipula la Constitución Española). Podemos apreciar por los datos aportados por Eurostat que el estado no crea las oportunidades para que los jóvenes puedan hallar empleo y ayudarse a sí mismos.

Por si fuera poco el miserable abandono social de nuestra juventud, algunos sectores insensibles de nuestra sociedad descalifican a los jóvenes sin recursos que se han lanzado a la calle a vivir como pueden. Les llaman despectivamente anti sistema y “rastas”. Y la política municipal y policial, a instancias del poder económico, les acosa. Es un despropósito establecer en la Constitución el derecho a la vivienda y al trabajo, para luego privar, entre otros segmentos sociales, a la juventud de ese derecho, a la par que se mantienen vacíos 4.000.000 de pisos en españa. ¿Qué tiene de malo que nuestra juventud ocupe esos pisos vacíos, mediante algun tipo de legislación y contraprestación social? ¿Es que preferimos que se vayan o que, desesperados, se lancen desde una azotea? ¿Qué pensaríamos de un padre que siendo dueño de varias propiedades vacías permitese que su hijo emancipado y en el paro (o deshauciado y sin recursos) durmiese en la calle? ¿No sería esperable que esa persona le dijese a su vástago?: – Hijo mío, mientras no tengas casa ocupa una de las mías. Pues de la misma manera sería deseable que nosotros, como «unos buenos padres de família» o al menos como una «sociedad razonable«, cediésemos nuestras viviendas vacías para que nuestra juventud no tuviese que dormir en la calle u ocupar casas.

Una sociedad que no cuida a sus hijos  (y además abandona a sus ancianos) es una sociedad enferma y perversa. Es evidente que los verdaderos anti sistema no son estos jóvenes, sino todos los que han gangrenado el tejido social sano. Es el corrupto poder político y económico el que resulta antisocial, pues en un primer nivel ignora el altruismo, la solidaridad y el respeto del que se nutre la base moral social. De este primer nivel moral básico emerge, en las sociedades, un segundo nivel legal, con la creación de leyes e instancias que permitan reclamar el incumplimiento de tales leyes. En este segundo nivel nuestros gobernantes también actúan contra la sociedad porque incumplen los marcos legales que ellos mismos, como representantes públicos, han creado y establecido. Concretamente la Constitución española desde su mismo preámbulo dice:

  • “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: […] Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, […] Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida (Preámbulo)
  • – Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, […] (Art. 35.1)
  • Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo» (art. 40.1).

Si el sistema establecido, vulnerando la Constitución, es el que ha llevado a la pobreza a millones de personas y niños, en España, así como al paro a uno de cada dos jóvenes, entones es mejor salirse de este sistema y crear una nueva organización social más justa.

“Cuando vivir es un lujo okupar es un derecho” (pintada vista en Barcelona).

José Beuter

© 6-2015

– Para ampliar información: clic sobre los enlaces del artículo –

– (*) El patrimonio de 85 personas es equivalente al de 3.750 millones de personas, la mitad de la población mundial). Ver pág. 37 del enlace VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014 – http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/capitulos/pdf/16102014163616_1448.pdf


 

La indiferencia ante diez millones de pobres en España

Sans asile (Le Marchand de Violettes) Fernand Pelez       En el mes de mayo el INE difundió su encuesta de Condiciones de Vida del año 2014. Según esta encuesta el 22,2 por ciento de la población en España está bajo el umbral de la pobreza, así como el 30,1 por ciento de la población infantil (menores de 16 años). Sin embargo el aumento real de la precariedad (un 1,8 por ciento más que en 2013) aún puede ser mayor del que reflejan estas cifras, ya que el INE fija el umbral de riesgo de pobreza en el 60 por ciento de la mediana de los ingresos por unidad de consumo, por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos. Al bajar la media de ingresos, en situaciones de crisis, una persona puede quedar por encima del umbral de pobreza, aunque sus ingresos sean escasos e insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, y todo porque mucha más gente se ha empobrecido.

El bombardeo, por los medios de comunicación, de imágenes, números, datos y contra datos tiene muchas veces un efecto desorientador, más que informativo. Nuestro cerebro se colapsa con el exceso de información. Todo ello puede aumentar la indiferencia y despreocupación hacia temas que, por su importancia, deberían centrar nuestra atención.

Los datos sobre la pobreza no tienen nombre y apellidos, su información es descarnada, y si además son porcentuales nos presentan, reducida, una realidad más amplia, personal y viva. Nadie que tenga, por ejemplo, personas enfermas en su familia dirá: -En mi familia hay un 22,2 por ciento de enfermos. Sino que pensará en las caras, nombres y circunstancias de esos familiares, a la vez que, probablemente, experimentará algún tipo de pesar o sentimiento. Puede ser más fácil dormir tras haber leído en un periódico que el 30,1 por ciento de los niños en España son pobres, que si conocemos o imaginamos a 2.237.706 niños viviendo en la miseria. Ciertamente, no podemos relacionarnos con todas las personas y por tanto no conocemos sus penas  más que por referencias (ésta es una de las aparentes dificultades para la empatía universal). Aún así, es posible imaginar y sentir el dolor ajeno. No es imprescindible conocer a todos los seres humanos para empatizar con ellos y actuar solidariamente ante sus desgracias. Sólo se precisa responsabilidad (es decir, estar dispuesto a responder por el otro) e interés por conocer aquello que pueda afectar a los demás. Esto posibilitará una lectura sensible de aquellas noticias y datos que reflejan la penurias por las que atraviesan. Es preciso, si queremos un mundo mejor, que la desgracia ajena no nos deje indiferentes y para ello debemos despertar, acrecentar nuestra sensibilidad, empatía y capacidad de reacción.

La indiferencia es uno de los males de nuestra época ¿Cómo podemos luchar contra ella?

En primer lugar. Podemos reflexionar sobre las personas que se ocultan tras los datos. Esto es, revertir, en cierta forma, el proceso de cosificación referido por Marx en el cual sólo tendemos a ver los objetos y manufacturas, y no a las personas que los han producido con su trabajo y esfuerzo. Sólo que en este caso se trata de pensar en las personas que están tras los números y la información genérica.

En segundo lugar. Podemos intentar cuantificar los datos porcentuales. En este caso, el 22,2 por ciento de personas y el 30,1 por ciento de niños que viven en España bajo el umbral de pobreza, se transforman correlativamente en 10.315.008 personas y 2.237.706 niños pobres, al aplicar el censo del 2014 (pues España cerró el 2014 con una población de 46.464.000 personas, de las que el 16 por ciento tenía menos de 16 años).

En tercer lugar. También podemos realizar experimentos mentales, por ejemplo, proyectar el 22,2 por ciento de pobreza sobre nuestra familia (tal vez esto ya esté sucediendo realmente). Podemos hacer lo mismo con los menores de 16 años de nuestro grupo familiar, sólo que aplicando el 30,1 por ciento. Elaboremos una lista de los familiares que habremos imaginado supuestamente en la pobreza y pensemos en la situación. ¿Qué sentimientos se despiertan en nosotros? ¿Cómo deben sentirse las personas que viven realmente en esas circunstancias? Imaginemos también que por un cambio dramático en nuestras circunstancias nos vemos obligados a dormir en la calle, a comer en comedores públicos, incluso a ceder temporalmente a nuestros hijos a familiares o amigos que puedan alimentarlos y cuidarlos mejor. Desgraciadamente, para un cierto número de Uds. no será necesario imaginar nada, pues ya están viviendo situaciones similares.

En cuarto lugar. Reaccionemos contra cierta tendencia actual de despreocupación ante la desgracia ajena. También ante la superficialidad y el hedonismo que acechan al ser humano en la sociedad de consumo. Cierta literatura enclavada en la autoayuda nos aconseja evitar las noticias de desgracias humanas como el hambre, terremotos, guerras, así como no frecuentar personas “perdedoras”. Si seguimos estos mensajes insolidarios nos deshumanizamos aún más. La vida no es una teleserie edulcorada. No sólo la felicidad, sino también el sufrimiento (y mucho) forman parte de ella. No podemos dar la espalda al dolor ajeno pues contribuimos a un mundo peor y más insensible que, a su vez, generará más sufrimiento. Si la causa por la que evitamos las noticias sobre los males de la humanidad es porque nos sentimos deprimidos, entonces también nos equivocamos: la empatía, solidaridad, la implicación y la ayuda a los demás es la mejor profilaxis contra el desánimo y tiende a relativizar nuestros propios males. Si la causa de nuestra inacción es, como creen algunos, que a nivel particular no podemos hacer nada por ayudar en las desgracias colectivas, estamos en otro error. Ya sea el hambre, los desastres naturales o las guerras, afectarán en mucho menor grado a la población si ésta se une y les hace frente, como ha sido demostrado repetidamente en la historia.

Por último. Podemos actuar, si es que no lo estamos haciendo ya, ante las tribulaciones ajenas, colaborar con las ONG adecuadas, ayudar en nuestros barrios. Podemos participar en debates, foros y seguir activamente las noticias para crear una corriente de opinión colectiva a favor de la solidaridad y contra la indiferencia. Podemos, en fin, decidir ser solidarios y educar en la solidaridad y el altruismo a nuestros hijos.

Aunque algunos políticos digan lo contrario, España no va bien: 10.315.008 personas pobres, de una población de 46 millones, lo contradice. Los datos deberían hacerles sonrojar y dimitir, pues menoscaban la Constitución Española, que tiene como una de sus finalidades básicas “promover el bien” de sus ciudadanos y “proteger a todos los españoles (…) en el ejercicio de los derechos humanos” (Preámbulo). El derecho al trabajo, a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades, el derecho a una vivienda digna y a pensiones adecuadas y actualizadas en la tercera edad, son también derechos recogidos por la Constitución Española (arts. 35, 47 y 50).

Si nos organizamos y creemos en nosotros mismos, podemos erradicar la pobreza en España (y en el mundo). Actuemos particularmente en consecuencia y reclamemos, también, de nuestros políticos esta acción inaplazable.

José Beuter

© 6-2015

 – Pintura: Sans asile (Le Marchand de Violettes) Fernand Pelez., foto: J.B.

– Para ampliar información: clic sobre los enlaces del artículo –


Lucrarse con la educación y sanidad públicas

Adaptación de la pintura de Betty Swanwick, A.R.A. en  GENESIS, SELLING ENGLAND BY THE POUND       Según recoge la prensa española, a inicios de mayo, el presidente de la patronal, Sr. Rosell afirmó, en un encuentro con empresarios de hostelería, que: “El sector público es la primera empresa del país y debe cambiar con mucha mejor gestión. Tenemos las dos grandes partidas de gasto, que son la Sanidad y la Educación, que seguro que si estuviesen gestionadas por empresarios, con criterios empresariales, yo creo que podríamos sacar mucho más rendimiento y podríamos hacer cosas de mucha mejor manera”.

En las siguientes líneas intentaremos mostrar las contradicciones y matices antidemocráticos de tales afirmaciones.

En primer lugar. Definición de criterio empresarial y criterio público. Fines propios de ambos:

Los criterios empresariales son los criterios propios de la empresa, y empresa es, según el diccionario de la RAE, la “unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos”. Los criterios empresariales responden, así, a fines lucrativos, mientras que los fines de los poderes públicos, tal y como recoge el espíritu de la Constitución Española, responden al interés general. Sus fines son adecuados al servicio público, el cual siempre es, o debería ser, solidario y altruista.

La Constitución Española establece en sus artículos 27.5 y 43.2 que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación; también que es a estos poderes a quien compete “organizar y tutelar la salud pública”. Pero ¿qué es un poder público? Nuevamente el diccionario de la RAE nos aclara que “se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a privado”. Si, según la definición de estos términos, el poder público está contrapuesto al privado, entonces la gestión privada de la Educación y Sanidad públicas, que propone el Sr. Rosell, es una contradicción en los términos. También es una propuesta antidemocrática, porque la democracia constitucional, mucho más rica y compleja que el simple concepto formal de democracia, garantiza unos derechos fundamentales que deben preservarse en su fondo y en su forma, en su contenido y en su gestión. La Educación y Sanidad pública no son sólo derechos fundamentales por su contenido sino por la forma en que la Constitución Española los organiza mediante los poderes públicos (y no privados), de forma que nadie pueda lucrarse privadamente de aquello que no es objeto de negocio sino un acto de servicio al bien común.

En segundo lugar. La gestión pública, en España, no excluye la privada. La Constitución Española garantiza en su artículo 27.6 el derecho de las personas físicas de crear centros docentes, así como reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38). Cualquier particular o empresa privada puede abrir clínicas, mutuas, o centros de medicina. Sin embargo, la gestión privada propuesta por el Sr. Rosell sí excluiría, de realizarse, la gestión pública, pues dejaría la gestión de la Educación y Sanidad en manos privadas, restringiendo o anulando el ámbito que les es propio según la Constitución. Esto es un tipo de monopolio privado respecto de lo público. Podemos ver lo poco o nada que queda de la democracia cuando en algunos países el poder público o el privado se erigen unilateralmente como los únicos posibles, fagocitando, uno, el ámbito que le es propio al otro.

En tercer lugar. Permítasenos que dudemos del supuesto mejor rendimiento de la Sanidad y Educación públicas si son privatizadas (*) o dirigidas con criterios empresariales (es decir, de lucro). Ya hemos visto cuáles son los métodos neoliberales de la reforma laboral: disminución de salarios y de plantillas, abaratamiento del despido, aumento de la jornada laboral, contratación laboral precaria, pérdida de pagas extra, en fin, modificación a la baja de las condiciones laborales. Si se adoptasen medidas de este tipo en la Sanidad y Educación, unidas al ahorro consistente en la disminución y precarización de los servicios, se conseguiría, efectivamente, un lucro, pero no de los profesionales sanitarios o profesores, tampoco de los pacientes o alumnos, sino de unas pocas personas (privadas) que verían prosperar sus negocios a costa de unos derechos que deberían beneficiar a todos. El mundo empresarial tampoco es que sea un referente de buena praxis y gestión (al menos, no más que el sector público), tal y como nos vienen mostrando los continuos escándalos de corrupción a nivel nacional y mundial.

En cuarto lugar. La razón oculta que se esconde detrás de las declaraciones del Sr. Rosell no tiene que ver con la eficiencia organizativa. La Constitución ya establece en su artículo 31 una programación y ejecución del gasto público que debe responder a los criterios de “eficiencia y economía”, sin necesidad de que ningún poder particular se erija como reserva espiritual y patrimonio exclusivo de la eficiencia organizativa en España. La razón, pues, hay que buscarla en el apetitoso bocado-mercado que para el sector privado supondría abrir el mercado de la Sanidad y Educación públicas, con la consiguiente posibilidad de que unos pocos se lucrasen, privadamente, del ámbito público que abarca a todos los españoles. Así, la supuesta eficiencia en la gestión privada de estos entes públicos responde más bien a un afán de lucro insolidario y antidemocrático. Debemos plantearnos cuál es el tipo de mundo en el que queremos vivir y qué modelo de democracia queremos para nuestra sociedad.

José Beuter

© 6-2015

– Imágen: montaje sobre la pintura de Betty Swanwick, A.R.A. en Genesis, Seelling England By The Pound

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– (*) Respecto de la privatización de lo social leer el «Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014» (clic en este enlace).