Etiqueta: Derechos Humanos

      Según datos publicados a principios de junio por Eurostat, la oficina estadística europea, España es el líder europeo en desempleo juvenil, con 775.000 españoles menores de 25 años sin trabajo. Esta tasa es del 49,6 % y corresponde al mes de abril de 2015. Este liderato se ha mantenido en lo que va de año con las siguientes tasas: 50,6 % en enero; 50,2 % en febrero; 50,0 % en marzo. Sólo los jóvenes griegos tuvieron una tasa parecida en febrero de 2105 (50,1 %). Los datos más bajos se dieron en Alemania (7,2%), Austria y Dinamarca (ambas con un 10,1%). Eurostat ha desarrollado una aplicación interactiva que permite a los jóvenes comparar su situación con la de otros jóvenes europeos de su misma edad, respecto de varios temas, como el trabajo, estudios, familia tiempo libre y uso de internet.

A estos datos podemos añadir los que publicó recientemente el INE (ver artículo en este blog: “La indiferencia ante diez millones de pobres”) y que situaban al 22,2 % de la población y al 30,1 % de la población infantil española bajo el umbral de la pobreza (respectivamente 10.315.008 personas y 2.237.706 niños pobres).

Estos datos escalofriantes (compárese España con Alemania) debieran hacernos reflexionar y actuar. Sin recursos, los jóvenes no pueden iniciar su propio proyecto autónomo de vida, en la etapa fundamental para ello, debiendo permanecer económico-dependientes en casa de sus progenitores, hasta edades avanzadas, o practicar la patada en la puerta y vivir como okupas. Pocas más opciones quedan si no se van del país.

Esta es una juventud huérfana, perdida y quemada. Huérfana porque ha sido abandonada a su suerte por la sociedad que debía tutelar y proteger sus derechos fundamentales, en lo relativo al trabajo, la vivienda y al derecho a una vida digna. Perdida y quemada porque los años perdidos son irrecuperables y les han conducido a una carretera gris y muerta que no conduce a ninguna parte.

Respecto de este “abandono” nuestra acción social y política ha sido no sólo un fracaso, sino, también, irresponsable. Una y otra vez, año tras año, hemos ido constatando la ineptitud y corrupción de la clase política y de los poderes económicos (antaño llamados públicos) y les hemos vuelto a votar. Año tras año, nos hemos hecho cómplices de ellos desde el silencio, la delegación de poder, las excusas de “no podemos hacer nada”, el miedo, la pasividad o las reivindicaciones insuficientes. Le hemos echado la culpa a la crisis, a la burbuja inmobiliaria, a la corrupción política o al malo de turno, pero la verdad es que, como colectividad, tenemos una responsabilidad directa en este estado de cosas. Porque es evidente que si nuestra sociedad en masa se hubiese plantado diciendo: ¡hasta aquí basta!, esto no estaría pasando, al menos, no en el grado actual. Cada sociedad tiene a la clase dirigente que se merece. El poder emana del pueblo, por lo que es su responsabilidad exigir a sus gobernantes eficiencia, honestidad y voluntad política en la tutela y respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Una vida digna es aquella donde pueden ejercerse los derechos fundamentales. Pero, según las estadísticas, uno de cada dos jóvenes españoles, es decir, de nuestros hijos, no tiene una vida digna, lo cual vulnera la constitución, sin que a los políticos parezca importarles un ápice.

Constitución Española, artículo 10:

1.» La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social«.

Culpar a otros sin asumir nuestra responsabilidad social, no cambiará las cosas. Ha habido protestas, sí, y movilizaciones, sí, pero se han demostrado insuficientes. No basta con decir “NO” a la injusticia y a la corrupción, hay que decirlo una y otra vez hasta que nos duela la boca; hay que dejar de aupar al poder a ineptos y corruptos, pero también a aquellos que, ignorando cuáles son los deberes de un gobernante y los derechos del pueblo, sirven antes a los poderes e intereses económicos privados que al ciudadano. Y si alguien cree que servir a los poderes económicos, es decir, al capitalismo liberal, beneficia también al ciudadano, se equivoca: pues sólo beneficia los intereses de unos pocos, al resto los instrumentaliza, cuando no, los esclaviza.

Actualmente el capitalismo está generando, tanto en nuestro país como en casi todo el mundo, una fractura social: cada vez hay más pobres, al mismo tiempo que cada vez los ricos son más ricos (*), es decir, cada vez la riqueza está en manos de menos personas. Antes, sucedía lo mismo pero no era tan evidente desde cualquier ángulo, porque la fractura se daba entre países ricos y países pobres. Mientras los países avanzados disfrutaban de una insolidaria sociedad del bienestar, una gran mayoría de países, pertenecientes al «tercer mundo», se moría de hambre por el expolio y condiciones económicas a los que eran (y son, aún) sometidos por nuestros países «civilizados».  Ahora ya hay un «tercer mundo» dentro de muchos países del primer mundo. Pero el capitalismo no es un ente ajeno a nosotros, no es un alien contra la humanidad; somos tú, yo, ese y aquel; ya sea en calidad de autores, colaboradores o pacientes; ya sea como sujetos activos o pasivos. Por tanto, al ser un producto humano, en el que de una forma u otra participamos y colaboramos, podemos desactivarlo  y crear unas estructuras sociales más justas y solidarias. Ningún gobernante ni ningún sistema económico o social pueden dilatarse en el tiempo o pervivir en una sociedad si ésta, de alguna forma, no lo admite, tolera o alimenta..

Paralelamente hemos de observar si en nuestro nivel personal también mantenemos injusticias, corrupciones y abusos de poder. El problema social no es únicamente el mal funcionamiento de una generación política concreta. Si fuese así bastaría con un cambio general de dirigentes para mejorar las cosas, pero cambios ha habido muchos y las cosas siguen igual. El problema es nuestra poca evolución moral colectiva y una deficiente organización social. Respecto de lo primero, los cambios políticos se nutren de personas corrientes, como cualquiera de nosotros, con defectos y virtudes. Si a nivel particular no nos esforzamos por seguir un comportamiento moral de valores; si, por ejemplo, abusamos de nuestro poder en el ámbito familiar o laboral; si buscamos nuestro beneficio particular en vez del colectivo; lo más normal es que esto siga pasando cuando ocupemos cargos de responsabilidad política o social. ¿Por qué habría de cambiar? El problema añadido es que el mal y la corrupción que generemos desde los mecanismos de poder afectarán a muchas más personas que no desde el ámbito privado. Respecto de nuestra deficiente organización social, hemos consagrado como valores supremos la individualidad y la libertad negativa, anteponiéndolas al bienestar social y a la libertad positiva. Libertad negativa sería aquella por la que un sujeto estaría libre de coerción (de personas y de leyes). El liberalismo reivindica la libertad en sentido negativo, pues desea que el estado se inmiscuya lo menos posible en la organización social y considera como un robo los impuestos que supongan una cierta redistribución de la riqueza. La libertad positiva de una persona se da, en cambio, si ésta tiene capacidad y oportunidad de actuar. Los  trabajadores en los países con alto paro laboral, tienen libertad negativa (nadie les impide trabajar) pero carecen de la libertad positiva, pues no hay trabajo. En esta perspectiva, el estado no sólo debe respetar la libertad del ciudadano, sino ayudarlo mediante la provisión económica y la creación de oportunidades (tal y como estipula la Constitución Española). Podemos apreciar por los datos aportados por Eurostat que el estado no crea las oportunidades para que los jóvenes puedan hallar empleo y ayudarse a sí mismos.

Por si fuera poco el miserable abandono social de nuestra juventud, algunos sectores insensibles de nuestra sociedad descalifican a los jóvenes sin recursos que se han lanzado a la calle a vivir como pueden. Les llaman despectivamente anti sistema y “rastas”. Y la política municipal y policial, a instancias del poder económico, les acosa. Es un despropósito establecer en la Constitución el derecho a la vivienda y al trabajo, para luego privar, entre otros segmentos sociales, a la juventud de ese derecho, a la par que se mantienen vacíos 4.000.000 de pisos en españa. ¿Qué tiene de malo que nuestra juventud ocupe esos pisos vacíos, mediante algun tipo de legislación y contraprestación social? ¿Es que preferimos que se vayan o que, desesperados, se lancen desde una azotea? ¿Qué pensaríamos de un padre que siendo dueño de varias propiedades vacías permitese que su hijo emancipado y en el paro (o deshauciado y sin recursos) durmiese en la calle? ¿No sería esperable que esa persona le dijese a su vástago?: – Hijo mío, mientras no tengas casa ocupa una de las mías. Pues de la misma manera sería deseable que nosotros, como «unos buenos padres de família» o al menos como una «sociedad razonable«, cediésemos nuestras viviendas vacías para que nuestra juventud no tuviese que dormir en la calle u ocupar casas.

Una sociedad que no cuida a sus hijos  (y además abandona a sus ancianos) es una sociedad enferma y perversa. Es evidente que los verdaderos anti sistema no son estos jóvenes, sino todos los que han gangrenado el tejido social sano. Es el corrupto poder político y económico el que resulta antisocial, pues en un primer nivel ignora el altruismo, la solidaridad y el respeto del que se nutre la base moral social. De este primer nivel moral básico emerge, en las sociedades, un segundo nivel legal, con la creación de leyes e instancias que permitan reclamar el incumplimiento de tales leyes. En este segundo nivel nuestros gobernantes también actúan contra la sociedad porque incumplen los marcos legales que ellos mismos, como representantes públicos, han creado y establecido. Concretamente la Constitución española desde su mismo preámbulo dice:

• – “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: […] Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, […] Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida (Preámbulo)
• – Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, […] (Art. 35.1)
• – Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo» (art. 40.1).

Si el sistema establecido, vulnerando la Constitución, es el que ha llevado a la pobreza a millones de personas y niños, en España, así como al paro a uno de cada dos jóvenes, entones es mejor salirse de este sistema y crear una nueva organización social más justa.

“Cuando vivir es un lujo okupar es un derecho” (pintada vista en Barcelona).

José Beuter

© 6-2015

– Para ampliar información: clic sobre los enlaces del artículo –

– (*) El patrimonio de 85 personas es equivalente al de 3.750 millones de personas, la mitad de la población mundial). Ver pág. 37 del enlace VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014 – http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/capitulos/pdf/16102014163616_1448.pdf